El Tribunal de Cuentas ratificó un desfasaje de más de 800 millones de la gestión de Martín Yeza
El Tribunal de Cuentas ratificó la observación por $802,8 millones a la gestión 2021 de Martín Yeza en Pinamar y dejó firmes las sanciones económicas y los cargos patrimoniales que pesan sobre el exjefe comunal y funcionarios
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El organismo bonaerense rechazó los recursos presentados por el exintendente y mantuvo la observación por una diferencia de $802.813.040,63 entre los fondos de libre disponibilidad y las existencias bancarias.
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó una de las principales observaciones a la rendición de cuentas 2021 de la Municipalidad de Pinamar, correspondiente a la gestión del entonces intendente Martín Yeza. El organismo sostuvo el reparo por una diferencia de $802.813.040,63 entre los fondos de libre disponibilidad y las existencias bancarias del municipio.
La resolución, dictada el 20 de agosto de 2026, respondió a los recursos de revisión que habían presentado Yeza —hoy diputado nacional del PRO— y otros integrantes de su administración contra el Fallo N° 82/2023, que había fijado multas y cargos patrimoniales para distintos funcionarios municipales.
Según los registros del propio municipio, al cierre del ejercicio 2021 los fondos de libre disponibilidad mostraban un saldo negativo de $784.130.228,30, mientras que las existencias bancarias de ese rubro sumaban apenas $18.682.812,33. De esa comparación surge la diferencia de -$802.813.040,63 que determinó el Tribunal.
Un desfasaje que los decretos no alcanzan a explicar
En el expediente también aparecieron diferencias de signo contrario en otros rubros: $486.823.431,22 en las cuentas afectadas y $315.989.609,41 en las cuentas de terceros.
La observación cobró peso durante la revisión porque el municipio había presentado como respaldo el Decreto 3016/21, firmado por Yeza, mediante el cual se dispuso utilizar fondos de origen provincial y nacional para afrontar obligaciones de otra fuente de financiamiento.
La documentación acompañada detalló movimientos por un total de $332.056.158 entre distintas cuentas bancarias. Sin embargo, la división relatora concluyó que los montos autorizados por los decretos eran inferiores al desfasaje comprobado, y advirtió además que seguía sin justificarse una diferencia vinculada con fondos de terceros.
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